En la Sede Distrital del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito Uno, se desarrolló el pasado miércoles 22 de octubre una reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional, integrada por el CAPBAUNO, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires – Distrito V, la Asociación de Pymes de la Construcción (APYMECO) y la Cámara de Desarrolladores Urbanos, con el objeto de analizar y coordinar acciones frente al creciente conflicto existente con la empresa EDELAP S.A., distribuidora del servicio eléctrico en la Región.
La problemática, de larga data, involucra diversos aspectos técnicos y administrativos —entre ellos, la exigencia de una “prefactibilidad eléctrica” en etapas tempranas de tramitación municipal en áreas ya servidas, la aplicación de la Contribución por Obra Reembolsable (COR) y su mecanismo de devolución, así como la permanencia de medidores de obra más allá de los plazos razonables—, sin que se observen respuestas satisfactorias por parte de la prestataria ni de los organismos de control competentes.
Esta situación impacta directamente en el conjunto de desarrolladores, constructores, profesionales y propietarios, dificultando la ejecución de obras y afectando la competitividad del sector.
El origen de este escenario se remonta al período de atraso tarifario detectado años atrás, frente al cual el Estado provincial, a través de la Resolución N° 188/12 del Ministerio de Infraestructura, autorizó la implementación del sistema COR, mediante el cual los usuarios financian la extensión o ampliación de redes eléctricas, con el compromiso de reembolso por parte de la distribuidora, ya sea en crédito de facturación o en devolución monetaria.
Sin embargo, la aplicación del sistema ha resultado perjudicial para los desarrolladores desde su puesta en marcha, tanto por la falta de mecanismos de actualización en los montos reintegrados como por el hecho de que los créditos en energía benefician a los futuros usuarios y no a quienes efectivamente financian las obras.
Pese a la recomposición tarifaria registrada en los últimos años, la empresa continúa utilizando los mismos mecanismos excepcionales establecidos originalmente en contexto de emergencia, generando un perjuicio sostenido sobre la actividad privada y profesional.
A su vez, resulta particularmente preocupante la exigencia de construcción de cámaras transformadoras en cada edificio nuevo, una práctica que carece de respaldo normativo claro y que genera una multiplicidad de inconvenientes técnicos, legales y económicos. Entre ellos se destacan:
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- Requerimientos sin estudios técnicos previos que los justifiquen, ocasionando sobredimensionamientos o duplicaciones innecesarias.
- Cesión obligatoria y gratuita del espacio físico y asunción del costo total de construcción por parte del desarrollador, sin sustento legal y en detrimento del derecho de propiedad.
- Afectación del valor inmobiliario de las plantas bajas, al destinarse superficies de alta incidencia comercial para uso exclusivo de la prestataria.
- Ausencia de regulación sobre responsabilidades en materia de seguridad, mantenimiento y posibles afectaciones a la salud o al entorno.
- Falta de criterios uniformes sobre su consideración como unidades complementarias, su incidencia en el cálculo del FOT o en el pago de derechos de construcción.
Frente a este panorama, la Mesa Técnica Interinstitucional coincidió en que tales prácticas configuran un abuso de posición dominante, incrementan los costos de los proyectos, obstaculizan los procesos de habilitación y comprometen la sustentabilidad económica de numerosos desarrollos, con impacto directo sobre el empleo y la inversión local.
En consecuencia, las entidades participantes resolvieron impulsar un conjunto de acciones conjuntas, orientadas a restablecer condiciones equitativas y previsibles para el ejercicio profesional y la actividad productiva regional:
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- Elaborar una nota tipo para que profesionales, desarrolladores y constructores presenten ante EDELAP S.A. en los casos en que se exijan espacios para cámaras transformadoras, solicitando los fundamentos técnicos y normativos de tales requerimientos.
- Promover acciones judiciales tendientes a cuestionar la legalidad de las prácticas adoptadas y requerir la revisión de los actos administrativos que las sustentan.
- Solicitar la intervención del Municipio de La Plata, a fin de que interceda ante la prestataria y los organismos provinciales de control, garantizando transparencia, equidad y previsibilidad en el acceso al servicio eléctrico.
- Presentar reclamos individuales y colectivos ante el Organismo de Control de Energía de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, demandando el efectivo ejercicio de sus competencias regulatorias.
- Difundir públicamente la problemática a través de los medios de comunicación y canales institucionales, en resguardo de los intereses de los profesionales y de la comunidad en general.
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