Los cambios recientemente propuestos por el Ejecutivo Municipal al Código de Ordenamiento Urbano, acompañados de un Decreto paralizador de tramitaciones, suman un capítulo más al dificultoso y desalentador ejercicio profesional de la arquitectura en la ciudad.
Si bien ninguna de las últimas administraciones locales resistió la tentación de imponer “su” modelo de ciudad, ni avanzo en forma decidida en la eliminación de las trabas burocráticas, la actualidad de la actividad privada de la construcción se encuentra en una situación extremadamente delicada.
Si algo caracteriza a la inversión en este campo, especialmente sensible a los vaivenes económicos y otros condicionantes, es la necesidad de contar con reglas claras.
Aplacada hoy la conflictividad gremial, estabilizados mínimamente los costos y el mercado de venta y alquiler, resulta inadmisible que la gran dificultad la represente la “inseguridad normativa”.
Cuatro cambios de código en 25 años, con la última instancia relativa al Casco Urbano concebida “a puertas cerradas” y sin consulta básica a los actores de la actividad -Colegios Profesionales, Cámaras Empresariales, Entidades Universitarias-, definitivamente no contribuyen a ofrecer un horizonte de previsibilidad.
A su vez, el Decreto 2732/25 representa indudablemente un hecho inédito: se paralizan preventivamente los permisos de construcción, para las iniciativas que no responden a un “proyecto de código”, supuestamente en estado de debate y análisis, sin contenidos definitivos aún.
Más aun su falaz justificación, fundamentada en el ingreso de carpetas de obra por parte de supuestos “oportunistas” –episodio ocurrido en menos de dos semanas-, cuando la sola demanda de la información preliminar a los ingresos -Monotasa-, tiene demoras superiores a los dos meses.
Si a eso le sumamos las tramitaciones colegiales y otras gestiones complementarias, resulta a las claras imposible que las iniciativas respondan al solo anuncio de cambio normativo.
Por lo expuesto y a la luz de las experiencias del pasado, más allá a que le asista el derecho de promover los cambios que considere necesarios, interpretamos que el Municipio equivoca el camino cuando actúa de forma inconsulta y obviando los mecanismos de consenso, sin prever a su vez procesos de transición lógicos, para no alterar el funcionamiento de la actividad ni provocar desequilibrios económicos.
En tal sentido, a la vista de la afectación que este proceder provoca al ejercicio profesional de los arquitectos, el CAPBAUNO se encuentra estudiando las acciones posibles en defensa del interés de sus matricualdos.
