Como preámbulo a cada anuncio de cambios en las normativas que rigen el desarrollo urbanístico, se tejen un sinfín de especulaciones sobre la naturaleza y alcance de los mismos, que naturalmente impactan negativamente en las decisiones de inversión en el ámbito constructivo, donde la previsibilidad es un factor determinante.
Más allá de valorar cualquier esfuerzo por mejorar el ordenamiento urbano, entendemos que el mismo no puede llevar plazos excesivos o indeterminados de resolución y a la vez deben estar abiertos al debate participativo de la sociedad, y en especial a las instituciones representativas de los actores de la actividad.
La situación hoy día, con independencia de los actores y el color político, poco se diferencia de los episodios similares acontecidos durante gestiones municipales antecedentes y se caracteriza por un clima de gran incertidumbre y rumores sobre cambios inminentes.
Los mismos surgen y se amplifican tanto desde los medios de prensa, como desde el mercado inmobiliario, el ámbito profesional y hasta desde algunos espacios de la misma administración municipal, sin voces oficiales que los confirmen ni los desmientan.
Así es posible oír hablar de recortes a las alturas admisibles de los edificios, modificación de los indicadores, imposición de nuevas restricciones, reinstalación del C.U.F para limitar la cantidad de U.F. por lote y otros, que en conjunto y más allá de cualquier discusión posible sobre sus pros y sus contras, enrarecen el panorama de la actividad y condicionan cualquier decisión constructiva a futuro.
Frente a este escenario y en base a las experiencias del pasado reciente en situaciones análogas, interpretamos que el Municipio debiera instrumentar algunas medidas paliatorias, tales como:
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- Establecer una razonable “Ventana de tiempo”, que ofrezca certezas para las tramitaciones que quedan atrapadas en medio de los cambios normativos. Más aun, conociendo los plazos y demoras que en la actualidad conllevan las instancias preliminares de las tramitaciones: recepción de información a través de la monotasa, transito de la carpeta de obra por Catastro, ingreso al circuito de revisación.
- Abrir el debate técnico amplio en los espacios participativos que las Ordenanzas vigentes establecen, el COUT -Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial y CIAC -Comisión de Interpretación y Actualización del Código-, para discutir la necesidad, razonabilidad, parámetros y condiciones de aplicación de los cambios normativos que se pretenden instrumentar.
- Respetar la idea que la aplicación de los nuevos criterios no puede ser previa o “anticipatoria” de los cambios por venir, sino que las reglas actuales deben ser las validas hasta el efectivo cambio de legislación. No es admisible paralizar o frenar emprendimientos debidamente encuadrados en las normas vigentes, a la espera de un eventual cambio pretendido, que debe pasar por todo un protocolo de validación.
Por lo descripto, solicitamos respetuosamente al Ejecutivo Municipal que se pronuncie sobre la temática referida y ofrezca un horizonte de previsibilidad para los actores de la actividad, con garantía de respeto a los actos administrativos que consagren derechos adquiridos según las normas vigentes al momento de su presentación y previendo para cualquier cambio, un régimen de transición con transparencia procedimental.
