Este 2 de abril se cumplen 10 años de un inesperado episodio que enlutó a la Ciudad y dejó un lamentable saldo de pérdidas humanas y materiales, demostrándonos lo vulnerable que puede ser nuestro territorio cuando no atendemos al comportamiento de la naturaleza y a las respuestas que se le deben dar desde la planificación y administración del mismo.
Más allá de estar advertidos que por los efectos del cambio climático, se pueden volver a repetir eventos extraordinarios como las intensas lluvias de aquel día, no podemos dejar de lado que la inundación fue consecuencia de múltiples causas, que debemos (y podemos) ayudar a controlar o morigerar con políticas preventivas desde la óptica disciplinar.
No escapa a ningún análisis, que las grandes obras publicas hidráulicas realizadas -afortunadamente con una relativa continuidad a pesar de los cambios de gestión-, ofrecen un alivio importante ante cualquier nuevo evento de cierta intensidad, pero las mismas no son garantía absoluta frente a las modificaciones operadas en el medio físico natural, ni comprenden a la totalidad de nuestra Región.
En ese contexto, existen una serie de consideraciones de importancia a la hora de abordar la problemática en cuestión:
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- El Estado debe controlar la urbanización irregular, con especial énfasis en las radicaciones en los márgenes de los arroyos y bañados, donde las construcciones se emplazan en el lugar que el agua ocupa en forma natural en época de crecidas.
- Las nuevas urbanizaciones deben estar indivisiblemente acompañadas de las obras de infraestructura complementarias, conservando preferentemente a cielo abierto los cauces de los arroyos y contemplando áreas protegidas inundables en los humedales.
- Los invernaderos del sector frutihorticola, que tapizan vastas superficies del área productiva de la periferia (aprox. 70%) y disminuyen sensiblemente la infiltración del suelo, deben tener pautas reguladoras y adecuar sus infraestructuras, teniendo en cuenta no solo sus ventajas productivas y económicas sino también las consecuencias ambientales que generan.
- Más allá de las grandes obras de infraestructura referidas, el conjunto de las redes de drenaje urbano pluvial demanda actualizaciones en sus trazados y características, a la vez que un mantenimiento permanente.
- Existen propuestas mitigadoras de los riesgos ante grandes tormentas, tales como los reservorios pluviales o las terrazas verdes en edificios -retardadores del vertido del caudal a la vía pública-, que permanecen a la espera de una normativa que las contemple y defina incentivos para su proliferación, a la vez que las veredas del Casco Urbano son susceptibles también de modificarse con el uso de materiales absorbentes.
Finalmente y a modo de conclusión, teniendo en cuenta los antecedentes conocidos, interpretamos que todas las acciones y decisiones actuales y futuras en términos de planificación urbana en la Región, deben ineludiblemente tener el tópico “riesgo hídrico” presente entres sus principales elementos de referencia.
