A un año de la asunción de una nueva gestión de gobierno en el Municipio de La Plata, es tiempo razonable para hacer un balance de las acciones llevadas a cabo por la administración en los asuntos que tienen efecto directo y sensible sobre la labor profesional de los arquitectos.
Y así como ante cada amanecer político renace la esperanza de contar finalmente con mejoras y acompañamiento para el desempeño de nuestro trabajo, advertimos hoy día y penosamente, que volvemos a encontramos frente a un nuevo y potenciado entorno de burocracia y cambio permanente de reglas de juego para la actividad.
Daría la impresión que las últimas administraciones no resisten la tentación de “refundar” la Ciudad y establecer “su plan estratégico”, “su código”, “sus ordenanzas”, “su estructura funcional”, o “sus mecanismos de tramitación”, donde nada de lo que pasó previamente es validable y “todo” lo hay que cambiar. En tal escenario, los profesionales quedan atrapados en un contexto que daña gravemente el aspecto más trascendente que demandan las decisiones en el ámbito de la construcción: la previsibilidad.
No hay previsibilidad si no se cuenta con un marco normativo claro. Definitivamente no es razonable estar meses sin definiciones ni información al respecto -como resultó prácticamente durante todo el año 2024-, para culminar con un Decreto paralizador, que aún inspirado en una legítima voluntad ordenadora, iguala y “congela” todo lo que se le acerca, sin un “Plan de Contingencia” que haga que no paguen justos por pecadores. Hoy día están en discusión hasta los permisos de obra dados por esta misma conducción política, otorgados bajo la Ordenanza ya convalidada.
Y no hay previsibilidad si se cambian permanentemente los funcionarios políticos. Y menos aún si cada uno toma sus “tiempos de adaptación”, para seguidamente dar paso a imponer nuevas modalidades operativas y hasta diferentes criterios interpretativos de la norma, para finalmente salir del cargo, dando lugar a un nuevo ciclo.
Y no hay previsibilidad si existe “intransigencia selectiva” en la aplicación de la norma. Y se establecen penalidades ante un ligero error o atraso de un gestionante según los textos indican, pero nada sucede cuando -a su vez- no se respetan los tiempos de respuesta del organismo de turno. Tampoco, cuando se veda la posibilidad de llevar algún caso evidentemente opinable a la CIAC -Comisión de Interpretación y Actualización del Código de Edificación consagrada en el Art. 9° de la Ordenanza 10.681- que, pese a las reiteradas solicitudes por parte de profesionales, no fue convocada en todo el año que va de esta gestión.
Tampoco hay previsibilidad si los tiempos de respuesta no acompañan las necesidades. Y los plazos de resolución de un expediente (sea este un complejo permiso de obra o un simple registro) son absolutamente impredecibles y la ayuda de la tecnología -presente ya en la mayoría de los organismos y hasta en el mismo Municipio-, llega sólo hasta las puertas de las Direcciones involucradas. Solicitudes de información preliminar, avisos de obra, indicación y comunicación de observaciones, vinculación con otros organismos, traslados entre direcciones internas y tantos otros pasos, siguen rutinas similares a las impuestas en el pasado, sin cambios profundos a la vista. Y resulta menos explicable aun, cuando frente a este panorama, no se habilitan los Permisos Provisorios -como importante paliativo a las cuestiones de fondo- que habilita la norma para agilizar las tramitaciones.
Y no colabora en absoluto a la previsibilidad, que no exista una adecuada fiscalización. Está a la vista que amplios sectores de la Ciudad crecieron (y siguen creciendo) al margen de la norma, sin reglas ni profesionales responsables a cargo, con el notorio perjuicio que ello representa para el conjunto y naturalmente para el trabajo de nuestra matricula. Y como contrapartida, quien se ajusta a derecho es rigurosamente tratado, incluso recibiendo exigencias de cumplimentar aspectos ni siquiera normados, alimentando aquel viejo refrán de “cazar en el zoológico”.
En medio de este desalentador panorama, en un difícil contexto de la actividad desde la coyuntura económica, están los profesionales y su trabajo, hacedor del sostén económico propio y el de sus familias, sin menoscabar el impacto negativo en las expectativas de los inversores y comitentes.
Por todo lo descripto y dentro del espíritu que guía a la conducción del CAPBAUNO, insistimos en lo que ha sido siempre la característica propositiva que nos distingue: ofrecer soluciones alternativas y no sólo reclamar por los errores o los inconvenientes.
Con esa motivación, hemos iniciado incontables gestiones ante el Ejecutivo Municipal en búsqueda de activar el diálogo y el trabajo colaborativo -a la fecha sin respuestas-, para lo cual sería esencial se nos asigne un interlocutor válido a tales efectos.
Porque desde el CAPBAUNO nos resistimos a incumplir nuestro deber de ejercer la defensa de nuestros matriculados cuando “sus intereses profesionales, en razón del ejercicio de sus actividades, fuera lesionados”, tal cual lo establece la Ley de Colegiación vigente.
