El miércoles 2 de agosto, se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria de Representantes de la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Pcia. De Bs. As -CAAITBA-, con el objeto de tratar el orden del día establecido en la Resolución Nº 1001. (VER)
En primer término, se informó que se formalizó el alquiler del edificio aledaño al edifico central de la CAAITBA, a la Jefatura de la legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
Seguidamente, se aprobó el contrato con la empresa CIPHERYS, encargada de desarrollar una herramienta para compatibilizar los sistemas de la Caja y los Colegios integrantes.
Se aprobó a su vez, que la implementación de la Resolución n°998, que establece un año de vigencia para actualizar los montos adeudados por contratos de tareas profesionales, se aplique a partir del 1 de septiembre.
También se aprobó una modificación de la reglamentación para la disposición de los fondos capitalizados, ya sea a través del retiro o la renta vitalicia.
En relación al convenio para la recaudación de aportes -donde la misma podría hacerse directamente a través de los colegios en el acto de visado-, no existió acuerdo, por lo que el tema continuara en tratamiento en la Comisión Asamblearia.
El punto más saliente de la Asamblea, tuvo que ver con el tratamiento de una Resolución para enmarcar la tarea profesional del Proyecto Ejecutivo / Completamiento de Proyecto exigido en las licitaciones de obra pública, resultado de una discusión de vieja data y donde no existió acuerdo.
Si bien existió consenso en que el mismo implica una tarea profesional, que no se corresponde con la Representación Técnica y debe llevarse a cabo por un profesional habilitado contratado para la misma, no se aceptó que sea la Caja quien determine la modalidad de liquidación de la misma. Los colegios de Arquitectos y Técnicos, en oposición al de Ingenieros, interpretan que es potestad de cada Colegio Profesional determinar los alcances, y que, de otro modo, la caja estaría involucrándose en temas de incumbencias.
Por otra parte, se expuso que el tema siempre estuvo ligado a las obras publicas o de entes prestatarios y no debiera hacerse extensiva a todas las obras.
No habiéndose arribado a un acuerdo, el tema paso a tratamiento en la Comisión Asamblearia, estableciéndose un plazo de 10 días para su convocatoria.
