DISOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, HÁBITAT Y VIVIENDA DE LA NACIÓN
El Gobierno Nacional dispuso mediante el Decreto 70/2025, la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y la reasignación de funciones y gestión de los programas y proyectos que dependían de esta cartera, a manos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
Se argumentó para ello, la existencia de supuestas irregularidades, resultados escasos y la voluntad de redefinir el modelo de política habitacional, apostando a gestión de las provincias y municipios en la construcción de viviendas y el financiamiento privado a través de los créditos bancarios.
La medida involucra a su vez, la definitiva desaparición de los fondos fiduciarios que administraba la dependencia: Fondo PROCREAR, Fondo fiduciario para la Vivienda Social y Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Más allá de que las estructuras y los programas pueden ser revisables y perfectibles y que administraciones del organismo desarrollaron incluso algunas acciones contraproducentes para la colegiación -que motivaron objeciones recurrentes, especialmente en la interpretación de rol profesional en los emprendimientos-, resulta sumamente preocupante que el estado pretenda desprenderse de su responsabilidad en el ordenamiento territorial, la problemática del hábitat y el acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables, cuestiones que forman parte de lo establecido en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional.
También están de por medio los cuadros técnicos que forman parte de la dependencia, que constituyen un recurso humano formado y especializado a través de años de gestión, que no puede en modo alguno ser desperdiciado y su vez hoy día están en riesgo en cuanto a su propio futuro personal.
Por ello, interpretamos que el Estado es un actor principal en la gestión del hábitat y en modo alguno puede desprenderse de su obligación de garantizar a través de políticas públicas, esfuerzos para paliar el déficit habitacional, promover la urbanización de barrios populares e intervenir en el territorio con criterio federal, entre otras cuestiones.
A su vez debe considerarse también el efecto en la actividad constructiva y en la economía general del abandono de las obras, y la no menos trascendente la situación de los equipos profesionales del desaparecido organismo.
Por tanto, esperamos que se reconsidere la situación, con un criterio equilibrado y atento a las necesidades de la población.
